Ecuador: continúan las violaciones al debido proceso en el caso de ex banqueros

Las violaciones a los derechos humanos y el irrespeto a las leyes son la generalidad en el juicio que se sigue contra los hermanos Isaías Dassum. El Gobierno intenta justificar las incautaciones y aprovecharse de los medios de comunicación arrebatados a sus legítimos dueños
La defensa de los intereses políticos y económicos del Gobierno del Ecuador sigue llevando al país a un estado sin libertades ni justicia. Las violaciones a los derechos humanos que han sufrido varias personas, pero especialmente los hermanos Roberto y William Isaías Dassum, son la muestra más palpable de ello. Los herederos y continuadores de una tradición empresarial que contribuyó al desarrollo nacional por más de 100 años, hoy no pueden volver a su país y todos sus bienes están ilegítimamente en manos del Estado, en un proceso plagado de violaciones:
I. VIOLACIONES A LOS DDHH EN EL PROCESO PENAL
• 10 años de largas: el proceso se inicia en el 2000 siendo ya el más complejo y polémico de la historia judicial. Han pasado más de 10 años, sin que exista sentencia, 25 jueces y 8 presidentes de la Corte Suprema, además de 6 Jefes de Estado, han ejercido sus cargos sin que hasta el momento se inicie el juicio propiamente dicho.
• Delito sin sustento: el delito por el que son perseguidos es llamado “peculado bancario”, el cual se sustenta en la Ley 99-26, publicada en el Registro Oficial No. 190 del 13 mayo 1999. Como el banco de su propiedad fue estatizado en 1998, para procesarlos por “peculado bancario” ha sido necesario violar Principios jurídicos, aplicándoles una ley penal con efecto retroactivo. Es más, otros casos idénticos de banqueros, se resolvieron al contrario: sobreseyéndolos porque la ley es posterior.
• No hay acusación: en Ecuador no se puede iniciar un proceso penal por “peculado” sin que la Contraloría General del Estado haya realizado un examen especial previo y le haya encontrado “indicios de responsabilidad penal”. Como no hubo abuso de fondos en la administración Isaías, ni la Contraloría, ni la Fiscalía General nunca los acusaron por peculado bancario, pero los jueces sí lo hicieron, lo cual evidencia su falta de imparcialidad y constituye una violación al principio de congruencia entre acusación y fallo.
• Fallos manoseados: El 15 enero 2010, los Conjueces de la Segunda Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia reformaron el auto de llamamiento a juicio, reconociendo que ninguno de los 12 sindicados podía ser juzgado por “peculado bancario”, sino por la alteración de balances que había pedido investigar la Fiscalía. En este estado intervino el Presidente, ministros y asambleístas de gobierno. De inmediato ocurrió la destitución y enjuiciamiento penal de los Conjueces y la conformación de un tribunal de excepción para declarar “inexistente” el fallo, que de paso se encontraba ejecutoriado.
• Manipulación de la opinión pública: en los últimos meses el gobierno de Correa ha presionando fuertemente al juez que conoce la etapa del juicio propiamente dicho. Los canales TC y GamaTV (confiscados a los hermanos Isaías), junto con el canal estatal ECTV, con frecuencia pasan imágenes tergiversadas de la crisis bancaria de finales de los 90, haciendo aparecer a los Isaías como responsables de ella.
• Presión mediática: Para legitimar el abuso, la persecución y la intromisión en el poder judicial, el Gobierno necesita una sentencia en contra de los hermanos Isaías, por ello trasmite a través de los canales confiscados y el canal estatal un spot publicitario donde se intenta vincular los actos del 30 de septiembre de 2010 con los hermanos Isaías. Toda la información es sacada de contexto y refleja los intereses particulares del gobierno por mantener el monopolio de los canales que fueron incautados a dicha familia. Es importante resaltar que los canales gozaban de los ratings más altos de audiencia en el pais.